Por otro lado, cuando hablamos de juicio penal según la Constitución, no nos referimos a un código procesal en particular, sino a un sistema normativo que respete las reglas básicas diagramadas por la Constitución Nacional. Se trata de las reglas mínimas exigidas para que sea válido. El debido proceso constituye un límite infranqueable a la actividad estatal y por eso entendemos al proceso penal como derecho constitucional reglamentado.

Mucho es lo que se puede decir sobre debido proceso y gran cantidad de obras se han dedicado a definirlo, pero lo cierto es que la práctica suele estar muy disociada de todo concepto. Por esa razón es que con este programa de formación buscamos presentar no sólo las nociones conceptuales que encierra cada garantía constitucional y convencional en el proceso penal, sino también su necesaria perspectiva material y su vinculación práctica. El estudio de casos concretos, problemáticos y resueltos por los máximos tribunales en la materia (CSJN y Corte IDH) pretende dotar a los estudiantes de herramientas concretas que puedan implementar en sus estrategias de litigio cuando enfrenten un proceso. Pero también creemos que son parte de los conocimientos que cualquier ciudadano debería poseer para evitar abusos estatales, conociendo los mecanismos legales para ejercer sus derechos.